Mulas y soldaditos

La mayoría de los acusados por tráfico de estupefacientes son mujeres y pibes jóvenes de barrios marginales. El caso de los chicos de un búnker de Rosario que resultaron ser víctimas de explotación laboral

Por Sebastián Ortega

Artículo disponible en http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=10085 

Ingrid aceptó el trabajo: 4 mil dólares por viajar desde La Paz -Bolivia- hasta Buenos Aires, y luego embarcarse en un avión hacia Europa con una cápsula de cocaína en la vagina y otras 83 adheridas con una faja en el estómago. Pensaba usar ese dinero para pagar la cirugía auditiva de su hija. La detuvieron en Ezeiza y la condenaron a cuatro años y siete meses de prisión.

La historia de Ingrid forma parte del libro “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina” que escribió el abogado Alejandro Corda, de la Asociación Civil Intercambios, quien durante años entrevistó a migrantes pobres detenidas en el país. Según el estudio, aproximadamente el 70% de las mujeres que están en prisión cayeron por delitos relacionados con drogas. El 90% de ellas son extranjeras, en su mayoría de países latinoamericanos. Este número creció con los años. En 1995, las mujeres condenadas por infracción a la ley 23.737 componían el 45,7 por ciento de la población carcelaria; en 2006, de acuerdo con un informe de la Defensoría General de la Nación, en dos unidades distintas alcanzaban el 65 y el 72 por ciento (ver más en “La ley de drogas criminaliza a las mujeres“)

Prácticas de trabajo en drogas

http://issuu.com/federiconantes/docs/goltzman-y-amor__n-pr__cticas-de-tr/1

“Hacer que otra política de drogas sea posible es demostrar que efectivamente es posible. Que hay modos de intervenir en el problema que no están regidos únicamente por la lógica de la cura o el control, que implican construcciones colectivas, que consideran contextos particulares y, sobre todo, que son transferibles”

“Efecto natural del manicomio”

Por Mario Woronowski *
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-281815-2015-09-17.html

“La Ley de Salud Mental, ¿es inaplicable?” Esta pregunta está presente en muchas discusiones acerca de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Suele escucharse que, si bien el espíritu de la Ley es en sí loable, la misma adolece desde su misma concepción de fallas que la tornan inviable. Al decir de quienes esto afirman, inaplicable. Esta afirmación suele provenir de dos posiciones que, aunque muchas veces se encuentren defendiendo las mismas consignas, surgen de fuentes y de actores diferentes. No apreciar esa diferencia sería un error de graves consecuencias políticas.

Por un lado, encontramos a los habituales voceros de los privilegios corporativos. Es interesante seguir su derrotero. Mientras la ley fue proyecto, centraron sus ataques en las apocalípticas consecuencias que tendría su aprobación. Al mismo tiempo, se abstenían de participar en los numerosos foros de discusión que se realizaron entonces, mientras anunciaban que esos males serían el resultado de no haber sido consultados. Esos argumentos se desplegaron con máxima intensidad ante la Cámara de Senadores de la Nación, sin impedir que la ley fuese sancionada con acuerdo de todos los bloques.

El paso siguiente fue el intento de incidir en la reglamentación, que tampoco tuvo éxito. Desde entonces, la estrategia elegida fue declarar el acuerdo con los principios generales de la ley, y lo inviable de su implementación efectiva. ¿La razón? Se trataría de una ley de derechos humanos, que nada entiende de las complejidades de las que sólo la ciencia (entiéndase por tal la psiquiatría tal cual la conciben esas posturas corporativas) puede hacerse cargo. El interés del argumento elegido reside en sus efectos, ya que al establecer una contradicción entre el enfoque de derechos y los saberes e incumbencias propios de la atención del padecimiento mental, genera alrededor de las tareas asistenciales un halo de extraterritorialidad donde quedarían en suspenso los derechos y garantías de las personas.