La mayoría de los acusados por tráfico de estupefacientes son mujeres y pibes jóvenes de barrios marginales. El caso de los chicos de un búnker de Rosario que resultaron ser víctimas de explotación laboral
Por Sebastián Ortega
Ingrid aceptó el trabajo: 4 mil dólares por viajar desde La Paz -Bolivia- hasta Buenos Aires, y luego embarcarse en un avión hacia Europa con una cápsula de cocaína en la vagina y otras 83 adheridas con una faja en el estómago. Pensaba usar ese dinero para pagar la cirugía auditiva de su hija. La detuvieron en Ezeiza y la condenaron a cuatro años y siete meses de prisión.
La historia de Ingrid forma parte del libro “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina” que escribió el abogado Alejandro Corda, de la Asociación Civil Intercambios, quien durante años entrevistó a migrantes pobres detenidas en el país. Según el estudio, aproximadamente el 70% de las mujeres que están en prisión cayeron por delitos relacionados con drogas. El 90% de ellas son extranjeras, en su mayoría de países latinoamericanos. Este número creció con los años. En 1995, las mujeres condenadas por infracción a la ley 23.737 componían el 45,7 por ciento de la población carcelaria; en 2006, de acuerdo con un informe de la Defensoría General de la Nación, en dos unidades distintas alcanzaban el 65 y el 72 por ciento (ver más en “La ley de drogas criminaliza a las mujeres“)
