“Efecto natural del manicomio”

Por Mario Woronowski *
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-281815-2015-09-17.html

“La Ley de Salud Mental, ¿es inaplicable?” Esta pregunta está presente en muchas discusiones acerca de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Suele escucharse que, si bien el espíritu de la Ley es en sí loable, la misma adolece desde su misma concepción de fallas que la tornan inviable. Al decir de quienes esto afirman, inaplicable. Esta afirmación suele provenir de dos posiciones que, aunque muchas veces se encuentren defendiendo las mismas consignas, surgen de fuentes y de actores diferentes. No apreciar esa diferencia sería un error de graves consecuencias políticas.

Por un lado, encontramos a los habituales voceros de los privilegios corporativos. Es interesante seguir su derrotero. Mientras la ley fue proyecto, centraron sus ataques en las apocalípticas consecuencias que tendría su aprobación. Al mismo tiempo, se abstenían de participar en los numerosos foros de discusión que se realizaron entonces, mientras anunciaban que esos males serían el resultado de no haber sido consultados. Esos argumentos se desplegaron con máxima intensidad ante la Cámara de Senadores de la Nación, sin impedir que la ley fuese sancionada con acuerdo de todos los bloques.

El paso siguiente fue el intento de incidir en la reglamentación, que tampoco tuvo éxito. Desde entonces, la estrategia elegida fue declarar el acuerdo con los principios generales de la ley, y lo inviable de su implementación efectiva. ¿La razón? Se trataría de una ley de derechos humanos, que nada entiende de las complejidades de las que sólo la ciencia (entiéndase por tal la psiquiatría tal cual la conciben esas posturas corporativas) puede hacerse cargo. El interés del argumento elegido reside en sus efectos, ya que al establecer una contradicción entre el enfoque de derechos y los saberes e incumbencias propios de la atención del padecimiento mental, genera alrededor de las tareas asistenciales un halo de extraterritorialidad donde quedarían en suspenso los derechos y garantías de las personas.